Contratación pública verde y la experiencia europea
Fuente: Diario de Concepción
El Estado tiene una amplia demanda de bienes y servicios, por ende, por medio de la contratación pública verde (“Green Public Procurement”) se puede transformar en un actor relevante para el desarrollo sostenible, especialmente en la reactivación económica actual.
La Unión Europea ha dado importantes pasos en este camino. El “Green Public Procurement” juega un rol estratégico en las políticas de sostenibilidad ambiental, social y económica, y es el principal instrumento de la Estrategia Europea de Consumo y Producción Sostenible.
En 1996 la consideración de este instrumento fue expresada en el Libro Verde de la contratación pública. Y en 2004, se dicta la Directiva sobre adjudicación de los contratos públicos, estableciendo la forma en que los órganos públicos pueden contribuir a la tutela del ambiente y a la promoción del desarrollo sostenible. A partir de ella, los países han dado avances sustantivos, que son fácilmente replicables. Por ejemplo, Italia introdujo la contratación verde mediante el Plan de Acción Nacional GPP (adopción de criterios ambientales mínimos). Su Código de Contratos Públicos incorporó la Directiva, estableciéndose la obligación de aplicar las especificaciones técnicas y las cláusulas contractuales contenidas en los criterios ambientales mínimos (establecidos por el Ministerio del Ambiente), y a través del principio de eficiencia energética y de la promoción del desarrollo sostenible la administración puede establecer cláusulas para la tutela del ambiente.
En Chile (la Ley 19.886) no considera criterios ambientales para contratos públicos. Un proyecto de ley busca modificarla para que los contratos de suministro de bienes muebles y de servicios puedan incorporar estos criterios (por ejemplo, reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes locales, optimización del nivel de eficiencia energética y uso de agua, reducción de desechos). Actualmente los criterios ambientales están en su Reglamento (en el contenido de las bases y en los criterios de evaluación) y en dos Directivas de ChileCompra (simples orientaciones y recomendaciones generales, y una limitada a vehículos, lámparas, papel y productos de calefacción).
La reactivación económica debería considerar el rol del Estado en esta materia y en la orientación del mercado hacia uno más verde. Resulta imprescindible que el proyecto de ley sea discutido y aprobado, convirtiéndose así en un importante paso para la reactivación verde.