La emergencia climática y la urgencia de impuestos globales para el Sur Global
Fuente: El Mostrador
La propuesta de un marco tributario internacional y un impuesto mínimo global es una respuesta al fenómeno de competencia tributaria entre países. Esto es cuando un país reduce sus tasas impositivas para atraer a empresas o individuos (cuando esto llega a un extremo, el país se convierte en un paraíso fiscal), gatillando una espiral de reducción tributaria internacional. Desde 1985 a la fecha, la tasa tributaria corporativa promedio en el mundo se ha reducido desde 49% a 23%. Se calcula que actualmente se pierden alrededor de US$ 427.000 millones anualmente por el abuso de paraísos fiscales (aproximadamente 8 veces el PIB de Uruguay), lo que ni siquiera incluye el efecto de reducción de tasas corporativas en países que no son paraísos fiscales.
La declaración conjunta impulsada por la OECD y suscrita por 136 países crea un marco basado en dos pilares que buscan reducir la competencia tributaria y aumentar la recaudación fiscal.
El primer pilar busca asignar de manera más justa la recaudación tributaria, estableciendo que ciertas empresas multinacionales estarán obligadas a tributar en países donde venden sus productos o servicios (y no solo donde están situadas sus operaciones). Lamentablemente, el pilar uno incluye empresas a partir de un umbral muy alto (recién sobre € 20.000 millones de ventas) y excluye sectores como el financiero y el extractivo, por lo que solo aplicaría a alrededor de 100 empresas multinacionales. Esta nueva tasa impositiva (25%) solo se aplicaría a aquellas utilidades que superen un 10% de margen, reduciendo el efecto recaudatorio y permitiendo que ciertas ramas de empresas como Amazon puedan quedar exentas. Por último, el acuerdo prohíbe a los países firmantes establecer impuestos propios a servicios digitales (razón por la que países como Kenia y Nigeria decidieron no suscribirlo).
El segundo pilar establece una tasa mínima de impuesto corporativo global, dejándolo en 15% (6 puntos más bajo que la propuesta inicial de EE.UU., de 21%). En este caso la crítica es más simple: la tasa mínima es simplemente muy baja. ICRICT y otras organizaciones han llamado a establecer una tasa de 25%. Tax Justice Network indica que con esa tasa se podrían recaudar alrededor de US$ 780.000 millones adicionales al año, de los cuales US$ 355.000 millones irían a países fuera del G7. En cambio, bajo el esquema propuesto, el aumento en recaudación sería solo del orden de US$ 150.000 millones adicionales anuales, con menos de la mitad llegando a los países fuera del G7. Es más, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ha advertido que una tasa tan baja puede tener el efecto contrario y acelerar la carrera de reducción tributaria.
Finalmente, el proyecto carece de una perspectiva climática. Esto se podría corregir incluyendo gravámenes a actividades contaminantes que contribuyen al cambio climático. Adicionalmente, los montos recaudados debiesen invertirse en la implementación de medidas de adaptación y mitigación para combatir el cambio climático en países del Sur Global con altos niveles de vulnerabilidad frente sus efectos. Orientar el impuesto mínimo global de esta manera, es coherente con el principio de equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estos principios reconocen la responsabilidad histórica de los países desarrollados en la generación de la actual crisis climática y exigen una respuesta de cooperación efectiva con los países menos desarrollados y más vulnerables.
En conclusión, el acuerdo se queda corto en alcance, ambición recaudatoria y justicia con el Sur Global. No obstante lo anterior, el intento de abordar desafíos de la política tributaria desde una perspectiva internacional abre la puerta hacia un nuevo campo de políticas globales para enfrentar la emergencia climática y responder a las demandas históricas del Sur Global hacia los países desarrollados.
El desafío de América Latina: un Nuevo Orden Ecológico y Económico desde el Sur Global
En 1974, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), enfatizando la importancia de la cooperación internacional y la absoluta soberanía de cada Estado sobre sus recursos naturales. Aunque la visión marcadamente desarrollista de esa época es incompatible con la emergencia climática que atravesamos, su ambición global y su foco en reducir la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo son elementos a rescatar para el debate actual.
Actualmente, los países del Sur Global y, en particular, de América Latina, deben reconocer que muchos de los desafíos climáticos y sociales de nuestros pueblos están indisolublemente vinculados al entramado económico mundial. Los países emergentes deben ser protagonistas en fundar un nuevo orden económico que priorice el bienestar, la sostenibilidad y la justicia climática global. Conceptos establecidos en el Acuerdo de París como fortalecimiento de capacidades, transferencia tecnológica y cooperación financiera, son esenciales para construir un Nuevo Orden Ecológico y Económico desde el Sur Global.
En el anterior sentido, es hora de repensar los TRIPs (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y TRIMs (Acuerdos sobre Medidas de Inversión relacionados con el Comercio) para los desafíos climáticos y sociales de nuestros tiempos. Requerimos expandir la cooperación tributaria y avanzar en un marco para establecer impuestos patrimoniales (a la riqueza) mínimos y también abrir el necesario debate sobre mecanismos de transferencia tecnológica y apoyo financiero que permitan acelerar una transición justa en el Sur Global. La petición de India y Sudáfrica por liberar temporalmente las patentes de las vacunas contra COVID-19, apuntan en la dirección correcta. Es clave profundizar este debate y agregarle la urgente variable climática. En vez de defender el insostenible entramado económico actual, el foco debe estar en promover la transición hacia un sistema económico sustentable e inclusivo.
Coordinación y cooperación en América Latina
El último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático confirma que la cooperación internacional será esencial para la adaptación y mitigación en América Latina, más aún considerando que la mayoría son países en desarrollo y con altos niveles de pobreza y desigualdad. Se requerirán inversiones ambiciosas y acceso a tecnologías sustentables, además de políticas que garanticen una transición justa para las comunidades y trabajadores de sectores contaminantes, que podrían ser, en parte, financiadas con medidas de cooperación tributaria. Además, expandiendo el horizonte de destinos, la actual pandemia ha evidenciado las limitaciones de respuestas sanitarias de parte de la mayoría de países Latinoamericanos. Hace falta generar capacidades sanitarias y soluciones farmacéuticas a nivel regional, disminuyendo la dependencia del continente en estos campos.
Desde Nuestra América Verde y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Culturales y Sociales, creemos que la coordinación regional es el camino que combina la lucha contra el cambio climático con la justicia social. Los países de América Latina deben adoptar una posición común respecto a las falencias del impuesto mínimo global y establecer vínculos directos con el resto del Sur Global para dar pie a una gran coalición internacional. Muchos de los efectos de la emergencia climática ya son irreversibles, y cada día que pasa la situación solo empeora, pero solamente podremos enfrentarla si repensamos las reglas tributarias y económicas globales de manera ambiciosa, y con un enfoque eminentemente ecológico. El reloj corre y no hay tiempo que perder.